Santiago creció encima de una falla que ninguna norma nombraba. Eso acaba de cambiar

El problema que resuelve es viejo. La versión anterior de la norma —la NCh433 Of.1996 modificada en 2009— estaba vigente cuando ocurrió el 27F de 2010. El terremoto dejó a la vista sus limitaciones, y en 2011 se emitió el Decreto Supremo N°61 para corregirlas: espectros más conservadores, nueva clasificación de suelos, exigencias de desempeño. El parche funcionó, pero dejó al país diseñando edificios con dos documentos en paralelo durante quince años.

Hay otro aprendizaje del 27F detrás de esta versión, y es más sutil que «que no se caiga». De los cerca de 10.000 edificios en la zona afectada, una proporción muy reducida sufrió daño estructural grave y casi ninguno colapsó. Pero alrededor de 100 edificiosquedaron en pie y aun así tuvieron que ser demolidos. Un edificio que no mata a nadie pero que hay que botar sigue siendo una pérdida enorme.

Hasta ahora, la norma sísmica chilena trataba el suelo como algo que tiembla pero que sigue entero. Sus parámetros están diseñados para terrenos que permanecen estables durante y después del sismo. La NCh433:2026 introduce dos reglas nuevas para cuando eso no se cumple:

El cambio conceptual detrás es interesante: al enfoque probabilista que ya existía —«¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra?»— se le suma uno determinista: «¿y qué pasa si efectivamente ocurre?». Es la diferencia entre descartar un escenario por poco frecuente y preguntarse qué haría ese escenario si llega.

El ejemplo obvio está al pie de la cordillera de Santiago. La falla San Ramón es una falla inversa que recorre unos 50 kilómetros del piedemonte, cruzando comunas como Las Condes, La Reina y Peñalolén, y extendiéndose al sur hasta Pirque —un tramo confirmado recién en los últimos años—. En las comunas que atraviesa viven casi dos millones de personas, y miles lo hacen directamente sobre su traza.

La falla no aparece en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Esa ausencia es, en buena medida, la razón por la que gran parte de su recorrido —sobre todo en el sector oriente— ya está urbanizado. Entre los ríos Mapocho y Maipo todavía queda un 30 a 40% sin edificar, y es justamente ahí donde la nueva norma empezará a morder desde febrero de 2027.

Lo que se sabe de su historia viene de la paleosismología: excavar trincheras sobre el escarpe de la falla y leer las capas de sedimento como quien lee anillos de un árbol. Un estudio publicado en Geology en 2014 por Vargas y colaboradores encontró dos rupturas grandes en los últimos 17 a 19 mil años, la más reciente hace unos 8.000 años, cada una con un desplazamiento de alrededor de 5 metros y una magnitud estimada en Mw ~7,5. La conclusión del paper fue que la falla «parece madura» para otro terremoto grande.

Ocho mil años suena a eternidad, y ahí está la trampa mental que la nueva norma intenta desarmar: que el último gran sismo de la falla haya sido hace tanto no significa que no haya nada que hacer.

Chile convive con dos tipos de terremoto muy distintos. Los grandes que todos conocemos son de subducción: nacen frente a la costa, donde la placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana. Los otros son corticales: ocurren dentro del continente, a menos de 20 kilómetros de profundidad, en fallas que muchas veces están debajo de zonas habitadas.

Chile ya tuvo avisos. El terremoto de Pichilemu del 11 de marzo de 2010 (Mw 6,9) no fue una réplica del 27F: fue una falla cortical que nadie tenía catastrada. En Aysén, en 2007, un sismo de Mw 6,2 activó tres fallas del sistema Liquiñe-Ofqui y generó un tsunami de diez metros dentro del fiordo.

En 2021, el Núcleo Milenio CYCLO publicó el primer catastro nacional: 959 fallas continentales activas o potencialmente activas —78 comprobadas, 592 probables y 288 posibles—, disponibles públicamente en fallasactivas.cl. Ese trabajo es, literalmente, lo que da sentido a la frase «fallas caracterizadas y públicamente identificadas» del texto de la norma: sin catastro público, la exigencia no tendría a qué aplicarse.